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Las Mujeres Adultas Mayores en la Legislación y en las Organizaciones del Estado

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Según proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que para el año 2050, en México las mujeres de 60 años o más representarán el 23% del total de la población. A pesar de que es un grupo demográfico que va rápidamente en ascenso, la gran mayoría de las mujeres actualmente adultas mayores, no tuvieron acceso a las mismas oportunidades educativas y laborales que los hombres de su generación. Por tal motivo alcanzan una edad con serias carencias económicas y patrimoniales, que más adelante tendrán efectos sobre su salud, su vivienda y sobre su autonomía en general.

 

Las desigualdades de género que históricamente han colocado a las mujeres en una posición de desventaja respecto de los hombres, no sólo se reproducen cuando éstas llegan a edad avanzada, sino que se recrudecen debido a distintos factores de discriminación múltiple que confluyen con la edad, como su condición de mujeres, las discapacidades físicas o mentales que suelen acompañar esta etapa, u otros como la pertenencia étnica.

 

Es justamente en este período de su vida, cuando la ausencia de leyes, políticas públicas, programas, acciones e instituciones que promuevan la igualdad de género cobran su mayor factura; es entonces cuando las consecuencias de la discriminación y exclusión experimentadas a lo largo de toda una vida, se materializan y repercuten en la vida económica, social y psicológica de las adultas mayores, aumentando su dependencia de otros y su situación de vulnerabilidad.

 

Las y los legisladores, por la naturaleza de nuestras funciones, estamos en una posición para ser agentes de cambio y transformar las realidades sociales, al menos por lo que se refiere al ámbito formal-normativo. Sin embargo, las realidades que aquejan a las mujeres adultas mayores en nuestro país son más complejas aún de lo que las propias normas alcanzan a prever.

 

En ese sentido, el proceso de cambio de un modelo asistencialista hacia un modelo de autosuficiencia, independencia y plenitud para las mujeres en la vejez requiere de intervenciones en otros ámbitos institucionales y sociales, que sobrepasan las fronteras quehacer legislativo. El cambio de paradigma nos requiere legislar en el presente, con miras al horizonte futuro.

 

Erradicar las desigualdades desde su etapa más temprana tendrá ciertamente un efecto positivo, no sólo en la vida de las propias mujeres quienes llegaran a su vida adulta en condiciones de autosuficiencia, con un patrimonio propio y con las herramientas necesarias para poderse valer por sí mismas, sino también traerá beneficios a la sociedad en su conjunto.

 

Es necesaria una nueva mirada a la estrategia de atención a mujeres adultas mayores bajo un enfoque de planificación participativa, que atraviese toda la actuación gubernamental y las estructuras institucionales y sociales. Estoy cierto que la intervención en el marco normativo es solo una de las etapas del proceso de cambio.

 

Es necesario que las instituciones y la sociedad adquieran conciencia de la humanidad y el valor que aportan las mujeres a la construcción de sociedades más pacíficas, justas y solidarias.

Dip. Luis Fernando Mesta Soulé. Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

Socio Fundador del Despacho Abogados Mesta y Asociados, S.C., con orientación a Asesoría Legal y Negociaciones de asuntos Corporativos, de Inversiones y Coinversiones.

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